Instalación de ascensor en la Comunidad

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Instalación de ascensor en la Comunidad

La instalación de un ascensor en la Comunidad siempre es un asunto no exento de polémica y discusión entre los vecinos. Para que el proceso llegue a buen puerto, es imprescindible estar bien asesorado y contar con los servicios de un Administrador de Fincas Colegiado que guíe los pasos a seguir por la Comunidad y sus comuneros.

La instalación del ascensor contempla dos supuestos en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (LPH), estando éstos regulados en los artículos 17.2 y 10.1.b) de dicha Ley.

Debemos tener presente quién lo solicita y los motivos por los que se solicita. En cualquier caso, el procedimiento adecuado para abordar este asunto es el siguiente:

En primer lugar, la instalación del ascensor debe tratarse por la vía del art. 17.2 de la LPH que requiere para su aprobación la adopción del acuerdo por la mayoría de la totalidad de propietarios y de cuotas, y que vincula y obliga a todos los propietarios.

En defecto de acuerdo, será de aplicación el art. 10.1.b) de la LPH, si se reúnen las condiciones para ello. El citado artículo establece lo siguiente:

Artículo 10 LPH.

  1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

          b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido (…).

En consecuencia, en defecto de acuerdo por el artículo 17.2, si un propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de 70 años; solicita la instalación de un ascensor, la Comunidad está obligada a pagar hasta el importe anual legalmente exigible (12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, descontadas las subvenciones y ayudas públicas) y el resto deberá asumirlo el propietario que lo solicita.

Si la Comunidad fuese beneficiaria de una subvención, primero deberá pagarse al propietario solicitante el importe que hubiese asumido. El sobrante se repartirá entre el resto de los propietarios, siendo recomendable acordar este extremo mediante acuerdo en la Junta de Propietarios.

Dentro del coste de la instalación del ascensor, además del importe de la ejecución material, deben considerarse otros como son las tasas e impuestos municipales, los honorarios de profesionales técnicos intervinientes, etc.

Para el cálculo del presupuesto de instalación del ascensor, las 12 mensualidades se refieren al presupuesto anual de la Comunidad vigente en el momento de la ejecución (descontando los gastos susceptibles de individualización, como por ejemplo los gastos de agua) y no a la cuota individual de cada propietario.

Como se ha expresado anteriormente, en el caso de que el coste sobrepase las 12 mensualidades de gastos comunes, el resto del coste será asumido por el/los propietarios que lo hayan solicitado, y no podrá privársele del derecho de uso del ascensor al resto de los propietarios de la Comunidad.

Otro aspecto a tener en cuenta es la mención o término del artículo 10.1.b) “el importe repercutido anualmente de las mismas”. Esto es de vital importancia cuando pago de la inversión se efectúa en más de un ejercicio económico.

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